El Gobierno está dispuesto a “modular” las medidas si se reanuda el diálogo en una mesa en la que estén Londres, Madrid, el Peñón y la Junta de Andalucía
M. GONZÁLEZ / F. MANETTO / W. OPPENHEIMER Madrid / Londres 8 AGO 2013 - 00:03 CET78
Los controles fronterizos en Gibraltar continuarán, pero en los próximos días podrían “modularse” y bajar de intensidad. El Gobierno quiso este miércoles dejar claro públicamente ante Reino Unido que “se reserva la potestad de hacer controles para evitar los tráficos ilícitos” y que mantendrá esta medida para velar por “los intereses nacionales”. En estos términos se pronunciaron tanto La Moncloa como el Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que el conflicto por la política aduanera y la actividad pesquera en el Peñón irrumpiera en la agenda del propio Mariano Rajoy.
No obstante, a pesar de la versión oficial, el Ejecutivo español está dispuesto a “modular” esta medida si se reanuda el diálogo en una mesa en la que estén representados Londres, Madrid, el Peñón y la Junta de Andalucía. Y, con vistas a la negociación, es posible que en los próximos días se relaje la intensidad, según fuentes diplomáticas.
La crisis en Gibraltar adquirió este miércoles una nueva dimensión pasadas las diez de la mañana. El jefe del Ejecutivo recibió una llamada telefónica del primer ministro británico, David Cameron, quien había solicitado esa comunicación a primera hora del martes. Ese mismo día, Gibraltar empezaba a plantearse acciones legales contra España por esta medida, por lo que el Gobierno del Peñón empezó a recopilar “pruebas estadísticas” y quejas de los afectados.
Cameron trasladó a Rajoy en una conversación de alrededor de 10 minutos sus quejas y su “seria preocupación” por la crisis y su intención de mantener la misma posición sobre la soberanía del Peñón. El presidente del Gobierno defendió “el cumplimiento de su obligación de control para evitar tráficos ilícitos” y le transmitió su malestar al calificar de “inaceptable” que Gibraltar haya lanzado de forma “unilateral” bloques de cemento en aguas de la bahía de Algeciras para crear un arrecife que sirva para regenerar la vida marina en la zona. Ambos acordaron, no obstante, iniciar negociaciones para tratar de resolver el conflicto a través de los ministros de Exteriores de ambos países, José Manuel García-Margallo y William Hague, que se comunicaron más tarde.
Entre las dos llamadas, no obstante, el Gobierno británico aseguró a través de un comunicado que Rajoy se había comprometido ante Cameron a relajar los controles que han provocado largas colas a la entrada y salida del Peñón. Tanto La Moncloa como el ministerio niegan públicamente esa promesa, en contra de lo que aseguraron Downing Street y el Foreign Office.
Fuentes diplomáticas admiten, no obstante, que dichos controles podrían “modularse” si se cumple el principal objetivo de la diplomacia española en esta crisis: la reanudación del diálogo. Pero no cualquier diálogo, sino un diálogo “a cuatro bandas”, dando por finiquitado el llamado Foro Tripartito que el Gobierno de Zapatero aceptó y el PP rechaza de plano, ya que sentaba a Gibraltar en igualdad de condiciones con Londres y Madrid, como si fuese un Estado soberano.
La clave de la solución pasa por un párrafo incluido en el comunicado que hizo público la Oficina de Información Diplomática (OID) tras la conversación que mantuvieron Margallo y Hague por indicación de Rajoy y Cameron: “Ambos ministros se han comprometido a trabajar para resolver la situación, creando grupos de trabajo ad hoc en los que, además de Reino Unido y España estén presentes aquellas otras autoridades que puedan tener competencias en estas materias”. Los grupos de trabajo a los que se refiere la nota versarían sobre protección del medio ambiente y pesca, y las autoridades competentes serían, además de los respectivos gobiernos, el Ejecutivo de Gibraltar y la Junta de Andalucía. Eso sí, Exteriores subraya que Madrid y Londres son “en última instancia los responsables de hacer cumplir la legislación comunitaria”, al margen de quién tenga delegadas las competencias.
La creación de estas comisiones ya fue propuesta por Hague en una carta a Margallo en abril pasado, pero nunca se puso en práctica, debido a las presiones del ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, que no renuncia a resucitar el Foro Tripartito. Si la diplomacia española consigue ahora sustituirlo por mesas cuatripartitas sería un triunfo en toda regla, pero Margallo no se atreve todavía a cantar victoria consciente de que el Foreign Office podría dar de nuevo marcha atrás.
Por eso el Gobierno de Madrid no renuncia a su principal baza de presión: los controles aduaneros en la verja. Oficialmente, el Ejecutivo niega cualquier relación de estos controles con el contencioso e insiste en su legalidad, asegurando que son “proporcionados, aleatorios y no discriminatorios” y que su único objetivo es luchar contra el contrabando, teniendo en cuenta que el Peñón está fuera del acuerdo de Shengen y que se rige por otra política fronteriza.
Estos controles se han endurecido después de que, a finales del pasado julio, Gibraltar arrojase hasta 70 bloques de hormigón en las aguas contiguas al aeropuerto, imposibilitando la actividad pesquera de la flota gaditana. Una medida que provocó la indignación de Madrid, por considerar que Picardo aplicaba una política de “hechos consumados” y que rompía el diálogo al que se habían comprometido Madrid y Londres en el tema de la protección del medio marino.
El propio secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, manifestó que las esperas son “un pequeño precio que hay que pagar para conseguir que las autoridades gibraltareñas vuelvan al diálogo que hemos tenido hasta hace un año en los temas de interés para las dos poblaciones, la de Gibraltar y la del Campo de Gibraltar”.
¿Qué sucederá con los controles en la verja? “En los próximos días se podrá comprobar”, responden fuentes diplomáticas. Lo más probable es que se abra un poco la mano, como gesto de distensión, a la espera de que en septiembre se constituyan las mesas ad hoc. “Si todo esto ha servido para desbloquear el diálogo, habrá valido la pena”, concluyen las mismas fuentes.
Esa intención es la que manifestaron, al menos sobre papel, tanto el Gobierno español como el británico. Un portavoz de Downing Street manifestó que tras la conversación entre Rajoy y Cameron ambas partes estuvieron de acuerdo en que habrá que encontrar una solución al conflicto pesquero y que, en cualquier caso, la crisis en Gibraltar no debe dañar las relaciones bilaterales. A pesar de la presión de Cameron y las quejas por los controles, además, La Moncloa aseguró que ambos países mantienen relaciones bilaterales propias de países “socios, amigos y aliados”, que resuelven sus conflictos con “honestidad y transparencia, en un diálogo bilateral enmarcado dentro del respeto de la legalidad internacional, europea y nacional”.
A partir de esta premisa, el tono fue firme. Rajoy, según La Moncloa, recordó que “la situación generada por las autoridades de Gibraltar ha producido en España un profundo malestar y una gran preocupación al perjudicar el medio ambiente y la actividad pesquera”, en referencia a la reciente instalación de bloques de cemento. Reino Unido dejó claro que “la posición sobre la soberanía de Gibraltar y las aguas que lo rodean no va a cambiar”. Y, pesa a las buenas intenciones, según un portavoz de Cameron, “existe un riesgo real \[de dañar las relaciones bilaterales\]“ si no mejora la situación en la frontera.
El conflicto de Gibraltar centró ayer la actualidad política con la fuerza de una cuestión de Estado. Así la calificó el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien apartó las críticas a Rajoy y ofreció al Ejecutivo la colaboración del principal partido de la oposición. El líder de los socialistas reconoció que Gibraltar ha cometido “un error detrás de otro”. Aun así, consideró oportuno, en referencia a algunas manifestaciones del Gobierno, que “se olvide de los excesos verbales”, porque “estas cosas se arreglan dialogando” y “algunas de las cosas que el ministro de Exteriores dice no son la mejor forma de arreglarlas”. Rubalcaba insistió en que en este conflicto el Gobierno tendrá “a su lado al PSOE”. “Pero que haga las cosas bien”, reclamó, con “diplomacia y diálogo”
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