Francisco Carbonero. Foto: Fernando Ruso
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Anticorrupción pide indagar a UGT y CCOO
Prisión sin fianza para el dueño de Uniter
La juez instructora del 'caso ERE', Mercedes Alaya, en el auto de encarcelamiento del dueño de la mediadora Uniter, José González Mata, asegura que los 7,6 millones que recibieron UGT y CCOO de esta y de Vitalia no estaban justificados por la prestación de ningún servicio. Alaya acusa al dueño de Uniter de connivencia con los sindicatos
Nuevo envite de la juez del caso ERE contra los sindicatos UGT y CCOO, que facilitaban a las mediadoras su vía de negocio propiciando que se realizaran expedientes de regulación de empleo en empresas con dificultades.
La magistrada reitera que, según datos bancarios y fiscales, González Mata habría destinado a través de sus empresas 3,2 millones de euros a ambas organizaciones sindicales, mientras que Vitalia habría destinado 4,2 millones, a lo que hay que sumar 104.400 euros aportados por Estudios Jurídicos Villasís, lo que supondría una cantidad total de 7,6 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hace apenas dos semanas a la juez que indague aún más en estos pagos.
A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".
Estos pagos, según Alaya, "recaerían sobre Uniter como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial, como en otros casos lo exigirían de las empresas que promovían los ERE", de manera que, "además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales", los sindicatos citados "encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular".
Saqueo de las arcas públicas
En cuanto al papel de Uniter, Alaya considera en su escrito que González Mata -en prisión desde el martes eludible bajo fianza de 600.000 euros-, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta", haciendo alusión asimismo al "enorme " que el imputado experimentó con este "saqueo", ya que es titular de 32 inmuebles, de los que 29 los adquirió "en el periodo investigado".
Alaya imputa al directivo originario de Jerez de la Frontera y que mantenía una estrecha relación personal con Antonio Fernández, el exconsejero de Empleo también imputado, presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En el auto de prisión, la instructora considera que "existen sólidos indicios" contra González Mata y señala que, entre 2001 y 2010, participó "de manera activa en la utilización ilegístima de fondos públicos mediante el concierto necesario con los responsables de la Consejería de Empleo, fundamentalmente con los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez y el consejero de Empleo, antes viceconsejero, Antonio Fernández", todos ellos imputados en esta causa.
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