“Tiene una posición más de defensa que de acusación particular”, asegura la magistrada
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. / PACO PUENTES
La juez Mercedes Alaya censura en su último auto la tesis de la Junta
de Andalucía en defensa del fondo de los ERE, y le acusa de actuar con
una “posición más propia de una defensa que de una acusación particular”
al haber recurrido el auto por el que hace tres semanas imputó a 20 altos cargos y ex altos cargos del Gobierno andaluz,
entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. El Ejecutivo autónomo es
acusación particular en el caso, al ser la Administración perjudicada
por la supuesta malversación de fondos, y al mismo tiempo ha recurrido
el auto de la imputación de 20 altos cargos.
Alaya carga contra la anómala postura procesal del Ejecutivo autónomo, y añade: “Llama la atención [su posición] por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía”. El de hoy es el último episodio en las tensiones entre el Gobierno andaluz, que defiende que colabora con la justicia, y la juez, que con frecuencia le acusa de obstruir la investigación.
A pesar de que la Junta ha recurrido el auto del pasado 29 de junio ante la Audiencia de Sevilla, Alaya aprovecha su último escrito para aclarar su tesis sobre la ilegalidad del fondo de los ERE y tumbar el principal argumento de la Junta sobre que las leyes de Presupuestos obligaron entre 2000 y 2010 al uso de las transferencias de financiación para las subvenciones sociolaborales con las que se pagaron los ERE. El uso inadecuado de las transferencias de financiación es el meollo de esta rama política en la que el caso está ahora inmerso.
La Junta defendió que el fondo de los ERE estaba incluido en las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz. Pero ahora Alaya niega la mayor. “Dicho argumento carece de veracidad”, responde la juez.
La magistrada matiza que la referencia a las subvenciones para los ERE solo están incluidas en las memorias e informes económicos-financieros, una documentación anexa al Presupuesto “que no forma parte integrante del contenido de la citada ley de Presupuestos, ni de su articulado, ni de sus estados de gastos, no siendo en ningún caso aprobados por el Parlamento andaluz”, sostiene en su auto.
A continuación, añade que “es obvio” que la Ley de Presupuestos no debe contravenir la Ley General de Subvenciones o la Ley General de la Hacienda Pública, por eso no incluía el uso de las transferencias de financiación para pagar los ERE. Esta precisión técnica de Alaya desactivaría el corazón del argumentario de la Junta para contrarrestar la imputación de sus 20 altos cargos. Eso sí, pese a la severa crítica, de momento Alaya mantiene a la Junta de Andalucía como acusación particular en la investigación judicial.
Ante la censura de Alaya, fuentes de la Junta mostraron ayer su sorpresa y recordaron que la Ley General de Hacienda Pública recoge que la “documentación anexa se remitirá al Parlamento (...) para su examen, enmienda y aprobación”. Además, la partida 31L se incluía cada año en la Cuenta General, fiscalizada por la Cámara de Cuentas.
A las críticas sobre la falta de motivación de su auto, Alaya responde que no tenía obligación de argumentar sus acusaciones, pues es solo se trata de una “llamada al procedimiento” para tomar declaración a los cargos.
Mientras, Alaya ha rechazado aplazar la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, tal y como pidió la Junta en su recurso, y la mantiene para el próximo jueves. Esta comparecencia abre el turno de los 20 altos cargos imputados y se prevé decisiva, dado que la juez estima que el fondo de los ERE se diseñó para eludir los controles de la Intervención General. Y Gómez se ha enfrentado a la Junta al recordar los 15 avisos que alertaron de la inconveniencia de la partida.
Además, la instructora ha ampliado el calendario de declaraciones tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar al viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano por su anterior cargo como director general de Presupuestos, junto a su sucesor Buenaventura Aguilera, para el 17 y 19 de septiembre. Otros tres imputados también declararán entre septiembre y octubre: el exparlamentario socialista Ramón Díaz, el ex jefe de servicio Antonio Diz-Lois y el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas.
Alaya carga contra la anómala postura procesal del Ejecutivo autónomo, y añade: “Llama la atención [su posición] por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía”. El de hoy es el último episodio en las tensiones entre el Gobierno andaluz, que defiende que colabora con la justicia, y la juez, que con frecuencia le acusa de obstruir la investigación.
A pesar de que la Junta ha recurrido el auto del pasado 29 de junio ante la Audiencia de Sevilla, Alaya aprovecha su último escrito para aclarar su tesis sobre la ilegalidad del fondo de los ERE y tumbar el principal argumento de la Junta sobre que las leyes de Presupuestos obligaron entre 2000 y 2010 al uso de las transferencias de financiación para las subvenciones sociolaborales con las que se pagaron los ERE. El uso inadecuado de las transferencias de financiación es el meollo de esta rama política en la que el caso está ahora inmerso.
La Junta defendió que el fondo de los ERE estaba incluido en las leyes presupuestarias aprobadas por el Parlamento andaluz. Pero ahora Alaya niega la mayor. “Dicho argumento carece de veracidad”, responde la juez.
La magistrada matiza que la referencia a las subvenciones para los ERE solo están incluidas en las memorias e informes económicos-financieros, una documentación anexa al Presupuesto “que no forma parte integrante del contenido de la citada ley de Presupuestos, ni de su articulado, ni de sus estados de gastos, no siendo en ningún caso aprobados por el Parlamento andaluz”, sostiene en su auto.
A continuación, añade que “es obvio” que la Ley de Presupuestos no debe contravenir la Ley General de Subvenciones o la Ley General de la Hacienda Pública, por eso no incluía el uso de las transferencias de financiación para pagar los ERE. Esta precisión técnica de Alaya desactivaría el corazón del argumentario de la Junta para contrarrestar la imputación de sus 20 altos cargos. Eso sí, pese a la severa crítica, de momento Alaya mantiene a la Junta de Andalucía como acusación particular en la investigación judicial.
Ante la censura de Alaya, fuentes de la Junta mostraron ayer su sorpresa y recordaron que la Ley General de Hacienda Pública recoge que la “documentación anexa se remitirá al Parlamento (...) para su examen, enmienda y aprobación”. Además, la partida 31L se incluía cada año en la Cuenta General, fiscalizada por la Cámara de Cuentas.
A las críticas sobre la falta de motivación de su auto, Alaya responde que no tenía obligación de argumentar sus acusaciones, pues es solo se trata de una “llamada al procedimiento” para tomar declaración a los cargos.
Mientras, Alaya ha rechazado aplazar la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, tal y como pidió la Junta en su recurso, y la mantiene para el próximo jueves. Esta comparecencia abre el turno de los 20 altos cargos imputados y se prevé decisiva, dado que la juez estima que el fondo de los ERE se diseñó para eludir los controles de la Intervención General. Y Gómez se ha enfrentado a la Junta al recordar los 15 avisos que alertaron de la inconveniencia de la partida.
Además, la instructora ha ampliado el calendario de declaraciones tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar al viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano por su anterior cargo como director general de Presupuestos, junto a su sucesor Buenaventura Aguilera, para el 17 y 19 de septiembre. Otros tres imputados también declararán entre septiembre y octubre: el exparlamentario socialista Ramón Díaz, el ex jefe de servicio Antonio Diz-Lois y el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario