El maquillaje de la reforma local del PP no contenta a ningún partido de la oposición

EL PROYECTO QUE APROBÓ AYER EL GOBIERNO ESPAÑOL DECEPCIONA A LAKUA, EL PNV Y EUDEL

El PSOE califica la propuesta de "bodrio" y Amaiur cree que es un paso más en la recentralización

RAQUEL UGARRIZA - Sábado, 27 de Julio de 2013 - Actualizado a las 06:26h

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Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría y Jorge Fernández Díaz, ayer tras el Consejo de Ministros. (EFE)

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DONOSTIA. Diecinueve meses de gestación que han dado lugar a un "bodrio". Así tildaba el dirigente socialista Gaspar Zarrías el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que pretende dar un vuelco a la Administración más cercana a los ciudadanos, en teoría, para incrementar su eficiencia. Tras un tormentoso proceso de gestación, el Gobierno de Mariano Rajoy dio el visto bueno a un proyecto que no ha conseguir sumar a su causa a nadie, ni siquiera a los suyos, a los miles de alcaldes del PP que no ven clara una reforma que, como mínimo, supone una clara injerencia en la autonomía local.

El texto aprobado ayer incluye algunas modificaciones, aunque a primera vista parecen cosméticas, ya que el Gobierno seguirá pudiendo arrebatar competencias a los municipios en función de si gastan demasiado en servicios públicos.

A falta de que la versión definitiva sea publicada en el BOE, solo se sabe del texto lo que ayer dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el promotor del proyecto, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Se sabe que el coste estándar, el concepto nuclear que sustentaba toda la reforma, desaparece después del enorme varapalo que le propinó el Consejo de Estado. Dicho término aludía a la cantidad máxima a la que los ayuntamientos podrían ofertar servicios, en virtud de la cual los municipios de menos de 20.000 habitantes -la mayoría- que se pasaban perdían las competencias.

Montoro cambió dicho concepto por el denominado "coste efectivo". Si es demasiado alto, la Diputación podrá arrebatar la competencia al municipio infractor. Montoro matizó que las diputaciones podrán "coordinar" los servicios municipales cuando los ayuntamientos necesiten ayuda financiera, aunque estos no perderían la competencia. El ministro también adelantó que el objetivo de esta ley sigue siendo ahorrar 8.024 millones de euros en el periodo 2013-2019. Antes era con conste estándar, ahora con coste efectivo, lo que da idea de que, en el fondo, poco cambia.

Los partidos de la oposición, autonomías y sindicatos salieron ayer en tromba para descalificar el proyecto. El PSOE anuncia recurso de inconstitucionalidad y la Generalitat avanza que no aplicará la reforma en su territorio.

Desde la Comunidad Autónoma Vasca, la decepción es similar, agravada por el hecho de que el texto invade, además, el marco competencial vasco y no responde a la saneada situación económica de la inmensa mayoría de los municipios. En concreto, el Gobierno Vasco pidió ayer la retirada del proyecto o, en su defecto, que no sea aplicado a la CAV. Critica especialmente que "no tiene en cuenta la singularidad del sistema foral de régimen local en Euskadi, derivada de sus derechos históricos".

Por su parte, el PNV anunció que tratará de modificar en el trámite parlamentario una reforma local realizada "en contra de todo el mundo y sin hablar con nadie", como denunció el diputado de Grupo Vasco Pedro Azpiazu.

El rechazo frontal de los jeltzales viene derivado de que el compromiso inicial del Gobierno de Rajoy de respetar la foralidad vasca se tradujo en la inclusión en el anteproyecto de una disposición adicional muy genérica. "Queremos que concreten todas las especificidades. Exigiremos que se respete el marco municipal propio y que no se reste desde Madrid capacidad económica ni financiera a los municipios vascos", dijo Azpiazu.

El mismo rechazo que expresó la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, para quien es un proyecto basado en un "concepto economicista" que choca con los principios de los municipios vascos, "la proximidad y la calidad de los servicios".

Para Amaiur la propuesta es un paso más en la recentralización y este vaciamiento es "especialmente grave" al considerar que los ayuntamientos son las instituciones "que más cerca de la ciudadanía están".