La entrada en vigor de las restricciones salariales ha supuesto una reducción en gastos de personal de 17 millones en un año
22.07.13 - 00:18 -
La entrada en vigor a principios de 2012 del decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit, que tomó el nombre del exconseller de Hacienda, José Manuel Vela, supuso un punto de inflexión en las condiciones salariales de los funcionarios públicos. Entre las diferentes medidas que contempla la normativa, que sigue en vigor, se incluyen descuentos en las nóminas de los docentes que estén en una situación de incapacidad temporal, es decir, de baja. La minoración es efectiva desde el 1 de marzo del año pasado y ha tenido consecuencias directas. Según se desprende de los datos facilitados por la Conselleria de Educación, las ausencias se han reducido casi a la mitad desde que computan para calcular la retribución mensual. Sin olvidar el descenso en lo que se refiere a gastos de personal que asume la Conselleria de Educación.
La estadística a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS establece que se ha pasado de las 9.952 bajas registradas entre enero y mayo de 2011 a las 5.306 del mismo periodo de 2013, lo que significa una reducción relativa del 46,6%. La caída fue menos acusada en el primer año de vigencia, al pasar de las citadas 9.952 a 8.677 en 2012 (-12,8%), aunque en este caso durante dos meses (enero y febrero) aún no se aplicaban los descuentos. En cambio, la diferencia se amplía en el último ejercicio, con 3.371 menos (-38,8%). La tendencia es la misma si se observan las cifras por año completo. En 2011 se registraron 16.725 y en 2012 12.920 (-22,7%).
El objetivo de la medida no era disminuir el absentismo, entendido como la ausencia del puesto de trabajo de manera reiterada, aunque seguramente ha contribuido a evitar situaciones de picaresca y casos de abusos durante los periodos de incapacidad temporal. En realidad se buscaba minorar los gastos generados por las plantillas docentes al emanar de una normativa planteada para reducir el déficit público de la Comunitat. De hecho, todas las restricciones del decreto Vela caminan en la misma dirección y afectan, hasta el momento de manera transitoria, a todos los trabajadores de la función pública.
Las cifras del departamento autonómico acreditan que se están cumpliendo las previsiones. En 2011 -no había restricciones- el gasto en retribuciones derivado de las bajas docentes en Primaria y Secundaria ascendió a 59,54 millones de euros, mientras que en 2012, tras aplicar los descuentos desde marzo, el montante se situó en 42,12, lo que arroja un ahorro de 17,41. En lo que va de ejercicio la cifra alcanza los 22,4 millones entre enero y junio. Es decir, se mantiene la tendencia.
Dos han sido las formas descontar las bajas de los salarios, que de hecho, son completamente distintas. Con el decreto Vela, en los supuestos de incapacidad temporal a los funcionarios no sometidos al régimen general de la Seguridad Social se les abonaba el 100% del salario que venían percibiendo desde el primer día hasta el decimoquinto, minorándose sólo en el caso de que la situación se prolongara más tiempo (a partir del decimosexto). Sin embargo, esta disposición sólo afectaba a los funcionarios de carrera sometidos a Muface, que percibían aproximadamente el 80% del salario. En cambio, no se aplicaba a los interinos, que en cualquier caso cobraban el 100% al estar encuadrados en el régimen general. No se pudo extender la restricción al ser una competencia del Estado.
Cambian las reglas
Las reglas cambiaron tras la publicación del real decreto ley 20/2012 del 13 de julio promulgado por el Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria, que también incluía medidas de este tipo. Establecía que a los trabajadores interinos y a los funcionarios que optaron por salirse de Muface, es decir, incluidos en el régimen general, la Administración les abonaba el 50% de su retribución durante los tres primeros días de baja, porcentaje que entre el cuarto y el vigésimo día se situaba en el 75% y que a partir del 21º llegaba al 100%.
Además, a los sometidos a regímenes especiales (la mayoría de los funcionarios de carrera) se les aplicaba el mismo recorte. También se fijó la excepción de que en caso de incapacidad temporal se podía cobrar el salario completo, un supuesto que se aplica en casos de hospitalización o intervención quirúrgica. En otras palabras, con la regulación estatal se evitaban distinciones entre los dos colectivos que conforman el sistema público docente.
Tras la publicación de esta normativa se decidió derogar lo estipulado por el decreto Vela en este sentido, de manera que se asumió el método de descuento ideado por el Gobierno a través de un nuevo decreto ley, que entró en vigor el 1 de octubre de 2012. En definitiva, entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del año pasado se repercutían las bajas con los parámetros establecidos a nivel autonómico y desde octubre hasta la actualidad se hace según el criterio del Estado
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