J. Romera | X.G. Pecharromán
7:46 - 22/08/2013
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- Impulsa una investigación contra operadores legales e ilegales
- Casi todas las grandes empresas tienen oficina en la colonia
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Gibraltar sigue generando cada día que pasa nuevos quebraderos de cabeza al Gobierno español. Pese a que en 2011 se aprobó una Ley del Juego que obligaba a todos operadores online a que dispusieran de un dominio .es y pagaran sus impuestos en España, el Peñón se ha convertido en un coladero que parece no tener freno y que genera unos ingresos millonarios.Margallo: habrá controles hasta que vuelva la "confianza" con Gibraltar
Hay operadores ilegales que siguen operando desde la colonia británica, y compañías, que pese a tener licencia, mantienen sus servidores allí y cuentan con delegaciones para, supuestamente, según cree el Gobierno español, desviar beneficios y ahorrarse impuestos.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Central Operativa de Delitos Telemáticos elaboró ya a finales del año pasado un primer informe sobre la situación del juego online en España, detectando servidores no sólo en el Peñón sino también en Malta, la Isla de Man (Reino Unido), Panamá y paraísos fiscales del Caribe.
A raíz ahora del incremento de la tensión con Gibraltar, y según confirman fuentes policiales, la investigación se está centrando en los operadores que tienen su base de operaciones allí. Y las primeras conclusiones a las que se está llegando han hecho saltar ya todas las alarmas. "El juego online está siendo cada vez más utilizado para reclutar terroristas, blanquear dinero procedente del tráfico de armas y drogas y construir un entramado económico que dificulte el rastreo del dinero procedente de actividades criminales", apuntan fuentes próximas a la Guardia Civil.
Blanqueo
Para la Unidad Central Operativa de Delitos Telemáticos, el uso de tarjetas prepago, que se venden prácticamente en cualquier establecimiento, elimina cualquier posibilidad de identificar la proveniencia del dinero, ya que la regulación no obliga ahora mismo al control de las mismas ni a la identificación total y completa de los compradores.
En la misma línea que la Guardia Civil, la Asociación de Víctimas de Fraude en el Juego Online, denuncia además que "la falta de una regulación adecuada sitúa a este sector en un auténtico limbo entre la ilegalidad y la alegalidad, cuya consecuencia no puede ser otra que una merma en la labor recaudatoria del Estado".
El delito más habitual en el juego, tanto en el online como en el presencial, se centra en el blanqueo de capitales, que tradicionalmente ha sido un problema que se ha dado en las salas de juego presenciales, las tradicionales.
Sin embargo, en los últimos años esta actividad delictiva ha dado el salto al juego online, pero según los informes elaborados tanto por las Autoridades de prevención del blanqueo de capitales de la UE como españolas, en la versión tradicional se trataba de inyectar dinero en efectivo dentro del sistema financiero, mientras que en la actualidad, las cuentas de jugador empleadas buscan obtener dinero en efectivo, que burle los controles, lo que supone un salto fundamental en la forma de actuar de la ciberdelincuencia.
A falta todavía de datos del año pasado, se calcula que en 2011 el juego online facturó 370 millones de euros después de premios, lo que supone un incremento del 17 por ciento respecto al año anterior. La cantidad jugada es, sin embargo, mucho mayor. En el último ejercicio alcanzó los 2.727 millones de euros, lo que supone un 70 por ciento más.
Investigación
Ante todo ello, y a pesar del vacío legal, la asociación de víctimas de fraude con el juego online pide que se investigue si los operadores legales están al corriente de sus obligaciones fiscales y que se impida vender a los que tienen licencia. En este sentido, el año pasado la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) instó ya el cierre de 12 portales online en España, todos con domicilio fiscal en Gibraltar, Malta, Curaçao, Chipre, Costa Rica e incluso Filipinas.
Los servidores instalados en Gibraltar no se ocupan únicamente del juego en España o de la Unión Europea, sino de todo el mundo. Por ello, obligarles a trasladar los servidores les supondría duplicar los recursos técnicos y humanos.
El negocio se instaló en Gibraltar desde Estados Unidos, donde las leyes restrictivas aprobadas bajo la presidencia de George Bush dificultaron el asentamiento de este sector dentro del territorio norteamericano. Las empresas optaron por Gibraltar, porque mientras que en el Reino Unido se paga al fisco el 15 por ciento de los ingresos por juego y apuestas, en Gibraltar se paga el 1 por ciento, más una tasa anual de 2.000 libras, hasta un máximo de impuestos de 425.000 libras.
Además, a los operadores les interesa fiscalmente estar en Gibraltar, porque no se paga por el Impuesto sobre Sociedades, cosa que la legislación española permite.
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