Los responsables del partido desde los 90 hasta 2003 declaran durante casi cuatro horas
Rechazan haber recibido los pagos que figuran a su nombre en la contabilidad secreta
“Jamás he recibido dinero del señor Bárcenas", ha dicho Arenas
"Solo reconozco lo que figura en mis declaraciones de la Renta", ha afirmado Cascos
VÍDEO: ATLAS | FOTO:FERNANDO ALVARADO (EFE)
El Partido Popular, el principal partido de España en número de afiliados, recibió entre 2002 y 2011 no menos de 628,9 millones de euros en subvenciones públicas, que conforman entre el 85% y el 90% de sus ingresos. Entre 1995 y 2002, la formación conservadora obtuvo de los fondos del Estado para su funcionamiento y gastos ordinarios y electorales un total de 60.601 millones de pesetas (364,2 millones de euros). Aparte, el partido captó donativos —la mayor parte anónimos— por no menos de 67,18 millones de euros, desde 1995 hasta 2011. De creer a dos de los secretarios generales en aquellos años, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, esta enorme cantidad de dinero público escapaba al control de los máximos responsables del funcionamiento interno del partido de centro-derecha.
Álvarez-Cascos, el general secretario que comandó el PP con mano de hierro a la sombra de José María Aznar entre 1989 y 1999, y Arenas, que lo sucedió hasta el año 2003, declararon este martes como testigos ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Ambos tenían que responder a las preguntas sobre los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del extesorero del PP en la que aparecen como supuestos perceptores de sobresueldos trimestrales en dinero negro.
Según la contabilidad de Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero, Cascos percibió 421.693 euros entre 1990 y 2004; y Arenas obtuvo 234.320 euros en negro entre 1990 y 2011. Los dos negaron de forma más o menos tajante el cobro de dinero b, aseguran fuentes presentes en el interrogatorio. Sin embargo, a cambio, tuvieron que conceder que durante sus mandatos descuidaron la gestión de los fondos del partido. Cascos y Arenas delegaron de manera absoluta esta responsabilidad en el tesorero de entonces, Álvaro Lapuerta, que hoy tiene 86 años y está impedido para prestar declaración judicial tras sufrir dos graves caídas en su domicilio, la última de las cuales le mantuvo en coma durante varios días.
Ambos dirigentes —Cascos ya fuera del partido y Arenas aún dentro pero políticamente maniatado por el escándalo de la contabilidad b— dejaron constancia, según fuentes jurídicas, de la ausencia de mecanismos de control de las donaciones. En una declaración en la que las negaciones se alternaron con episodios de ausencia de memoria, tanto Arenas como Cascos reconocieron que el partido carecía de un protocolo para garantizar que los donativos respetaban los límites y condiciones de la Ley de Financiación de Partidos y de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Los dos antiguos responsables del funcionamiento orgánico del PP también reconocieron que en ningún momento se dio a los tesoreros y gerentes ninguna instrucción o directriz escrita u oral sobre cómo manejar los fondos, informaron varios abogados presentes en la declaración. Cascos llegó a escudarse en los propios estatutos del PP para asegurar que los secretarios generales carecen de competencia sobre aspectos de gerencia del partido.
El descontrol de los donativos, pieza clave de la contabilidad del partido, fue corroborada previamente por el empleado de caja del PP Antonio Ortiz, citado también como testigo. Este reconoció que cuando un empresario entregaba dinero al partido de forma anónima, la formación no registraba ni siquiera el DNI del donante, algo a lo que estaba obligado por la ley.
Respecto a los apuntes de la contabilidad secreta de Bárcenas que les afectan directamente, las respuestas de Cascos y Arenas sólo variaron en las formas. El político asturiano, líder del movimiento personalista Foro Asturias, protagonizó una declaración áspera y tensa, según algunos abogados presentes. Pertrechado con un grueso portafolio en el que llevaba diversa documentación fiscal para su consulta en la sala, Cascos se mantuvo aferrado a un mantra: “Solo reconozco como ingresos los que figuran en mis declaraciones de la renta”. En al menos una ocasión, el juez Ruz le reconvino después de que tratara de adelantarse con sus respuestas a las preguntas de los letrados de la acusación popular.
Por su parte, Arenas, más afable, también fue más tajante en su negación de los pagos. “Jamás he recibido dinero negro”, señaló, según fuentes jurídicas. El actual vicesecretario de Política Autonómica del PP reconoció su presencia en la reunión de marzo de 2010 con Rajoy, Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias, aunque solo recuerda que se habló de que el extesorero mantuviera desde ese momento su despacho en la sede de la calle de Génova y el coche del partido. Según declaró Bárcenas el pasado 15 de julio ante el juez Ruz, en dicha reunión él pidió que se dijera a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal que dejara de intoxicar sobre él en la prensa. Arenas dijo no recordar que se hablara de dinero para el ex tesorero ni de una comisión ilegal cobrada por el partido en Castilla-La Mancha a cuenta de una adjudicación de un contrato de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo, según un letrado conocedor del interrogatorio.
Sobre el resto de pagos y detalles de la contabilidad del partido, tanto la oficial como la paralela de Bárcenas, los secretarios generales levantaron un “monumento a la desmemoria”, en palabras de un abogado presente. Las respuestas más habituales iban del “no me consta” al “no recuerdo”. Cascos rechazó haber actuado como recaudador del partido, aunque reconoció que ejerció las labores de tesorero junto a las de secretario general entre 1990 y 1992, tras la dimisión de Rosendo Naseiro y hasta que fue nombrado Álvaro Lapuerta.
Cascos fue preguntado por la acusación popular encabezada por Izquierda Unida, la primera en pedir su citación como testigo, acerca de su actuación al frente del Ministerio de Fomento, el más inversor del Gobierno y que mantiene relaciones más cercanas con las empresas de obra pública. Estas figuran como principales donantes de la contabilidad b de Bárcenas pese a que la ley impide a las sociedades que mantienen contratos con la Administración dar fondos a las formaciones políticas.
El juez Ruz permitió a Cascos no contestar a las preguntas sobre una serie de adjudicaciones de obras a empresas supuestamente donantes al PP durante su periodo como ministro, entre 2000 y 2004, porque, aunque ya no ocupe el cargo, tendría derecho a responderlas por escrito. No obstante, Cascos contestó que en esos años manejaba un presupuesto de 60.000 millones de euros y que él no se encargaba de las adjudicaciones de pequeño montante, para las que había comisiones específicas en el departamento ministerial.
Sí reconoció el político asturiano la existencia en el PP de una comisión de infraestructuras dedicada a asesorar sobre las obras públicas que se iban a incorporar a los programas electorales. De esta comisión, que no guardaba actas de sus reuniones, habló por primera vez el empresario afiliado al PP y supuesto donante Antonio Vilela, del grupo Rubau, quien declaró ante el juez en mayo pasado.
La llegada de los dos políticos a la Audiencia Nacional, en la calle de Prim, estuvo acompañada por los gritos e insultos de medio centenar de afectados por las participaciones preferentes de Bankia. Hoy está previsto que declare, también como testigo, la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
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